Acceso a la justicia

Las medidas tomadas por los Estados en respuesta a la pandemia declarada el 11 de marzo han tenido un profundo impacto en el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En varios países, el sistema de justicia se ha visto completamente paralizado por las medidas sanitarias esenciales para aliviar la epidemia, y ahora está más que significativamente retrasado. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos, ya sean preexistentes o causadas por las propias medidas de confinamiento, han aumentado significativamente en los últimos seis meses. Una situación de la cual las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad fueron sin duda las primeras víctimas, siendo el acceso al sistema judicial por definición un factor fundamental en la realización de todos los derechos humanos.

A través de este dossier especial, Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) tiene como objetivo destacar las formas innovadoras en las que nuestros socios en todo el mundo han seguido apoyando a las víctimas y haciendo realidad el acceso a la justicia, incluso en tiempo de pandemia.

En Guatemala y en Colombia, se han llevado a cabo campañas de sensibilización para informar a las mujeres y niñas de sus derechos y de los recursos a los que tienen acceso. En Honduras, se han emprendido acciones de incidencia y recursos legales en relación con medidas discriminatorias o abusivas. En el Triángulo Norte de Centroamérica, hemos trabajado con los sistemas de justicia para contrarrestar los efectos de la pandemia en la trata de personas. En Haití, hemos apoyado al Office de Protection du Citoyen en la documentación y denuncia de las violaciones de derechos humanos vinculadas a la pandemia, en particular contra mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. En Mali, hemos trabajado arduamente con la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación para ayudarla a cumplir su mandato de paz a pesar de la COVID-19.

Debido a que ninguna crisis puede alterar la naturaleza fundamental de los derechos humanos, ASFC continúa asumiendo un compromiso diario para hacer del derecho una realidad.

¿Quiere comprender mejor qué es el acceso a la justicia? ¡Consulta las siguientes pestañas para conocer las diferentes facetas!

Litigio estratégico

El litigio estratégico en materia de derechos humanos es una de las principales áreas de intervención de ASFC. Consiste en apoyar a las defensoras de derechos humanos que lideran casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos ante tribunales – nacionales, regionales e internacionales – para hacer valer los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad e incidir positivamente en la jurisprudencia en materia de derechos humanos.

Impugnando la constitucionalidad de las leyes o reglamentos, impugnando las medidas gubernamentales discriminatorias, el enjuiciamiento penal o civil en casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o la violencia sexual o de género son ejemplos de casos de litigio estratégico.

¿Por qué el litigio es «estratégico»?

Un caso puede ser estratégico, por ejemplo, debido a la naturaleza de las violaciones de derechos humanos, la identidad o condición de los autores de los presuntos delitos, la identidad o condición de las víctimas, el alcance y la gravedad de las violaciones o de los impactos estructurales que potencialmente podría generar el proceso de litigio estratégico.

¿Para qué sirve el litigio estratégico?

El litigio estratégico tiene como objetivo producir impacto social a través del derecho poniendo a prueba las estructuras legales existentes y promover cambios en el comportamiento social, institucional y cultural a favor del respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, al fortalecer la capacidad de las víctimas y sus representantes legales para que la responsabilidad de ex dictadores por genocidios, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad sea reconocida ante los tribunales, como lo hicimos en Haití o en Guatemala, estamos ayudando a escribir la historia y contrarrestar el revisionismo, a luchar contra la impunidad al más alto nivel y a generar grandes cambios en el sistema judicial, en las formas de hacer de las autoridades y en la sociedad.

Justicia transicional

La justicia transicional es un conjunto de mecanismos que tienen como objetivo restaurar la justicia en un Estado que ha experimentado una profunda crisis y graves violaciones de derechos humanos. La crisis puede haber sido causada, por ejemplo, por un conflicto armado, un levantamiento popular, un período de opresión política o violaciones masivas de derechos humanos, como por ejemplo un genocidio o crímenes de lesa humanidad.

¿Por qué se utiliza el término «transicional»?

Se dice que esta justicia es «transicional» porque generalmente tiene lugar en un contexto de transición. Se trata, pues, de organizar la transición de un período de inestabilidad a una paz duradera. La justicia transicional de hecho implica el establecimiento de varios mecanismos innovadores, tanto judiciales como extrajudiciales, además de las instituciones y mecanismos habituales de justicia.

Los cuatro pilares principales en los que centramos nuestras intervenciones se relacionan con:

• El derecho a la verdad;
• El enjuiciamiento de los principales responsables de los delitos más graves;
• El ejercicio del derecho al resarcimiento por los daños y sufrimientos de las víctimas;
• La implementación de garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos.

¿Para qué sirve la justicia transicional?

• Reconocer formalmente que se han violado los derechos de las víctimas;
• Buscar la verdad y preservar la memoria colectiva;
• Brindar justicia a las víctimas y reparar los agravios sufridos;
• Reprimir los delitos cometidos y castigar a sus autores;
• Impedir la comisión de nuevos delitos;
• Contribuir a la reconciliación, la paz, la convivencia pacífica y la cohesión social;
• Permitir que la sociedad retome el camino del desarrollo;
• Permitir que las personas en situación de vulnerabilidad y las víctimas, especialmente las mujeres, realicen sus derechos humanos.

¿Qué lugar para las víctimas?

Las víctimas están al centro de cualquier política de justicia transicional. Debemos tener en cuenta sus aspiraciones de justicia, reparación, verdad y reforma. Las necesidades y prioridades de las víctimas deben considerarse en cada etapa del diseño e implementación de un programa de justicia transicional.

El éxito de los mecanismos de justicia transicional depende sobre todo de la participación real de las víctimas, que pueden, por ejemplo:

• Crear espacios de diálogo dentro de su comunidad;
• Dirigir sus solicitudes y recomendaciones directamente al gobierno;
• Participar en las audiencias de una comisión de la verdad y la reconciliación;
• Proponer reformas legislativas e institucionales durante las consultas públicas;
• Involucrarse en procedimientos legales como parte civil.

Asistencia jurídica y judicial

La asistencia jurídica consiste en ofrecer los servicios de profesionales calificados para orientar, informar, asesorar y representar a las víctimas antes de la judicialización y ante los tribunales. Se trata de que las personas en situación de vulnerabilidad por medio del derecho puedan recurrir a servicios legales de “primera línea” proporcionados gratuitamente por socios locales apoyados por ASFC, en el marco un proceso de desarrollo de su capacidad de acción.

¿Qué es la asistencia jurídica y judicial?

La asistencia jurídica constituye una forma de acceso a la justicia “local” para los litigantes, en el sentido de que son apoyados para resolver los problemas que enfrentan en materia civil, penal y administrativa. La asistencia jurídica se materializa, por ejemplo, en asesoramiento, orientación y apoyo legal a las mujeres que quieren obtener una parte justa del patrimonio familiar, presentar una denuncia por violencia doméstica, acabar con las prácticas discriminatorias en su empleo, etc. La asistencia jurídica puede continuar en forma de asistencia judicial cuando las personas en situación de vulnerabilidad y las víctimas de violaciones de derechos humanos busquen justicia en los tribunales locales o nacionales, judiciales o administrativos. Tanto puede tratarse de ayudar a una mujer víctima de violación a participar en el juicio de su agresor como parte civil, como de conseguir la liberación de las personas encarceladas sin motivo o sin juicio.

Asistencia jurídica y judicial, ¿para qué sirve?

El acceso a servicios de asistencia jurídica y judicial adecuados en los países de intervención es a veces difícil, debido a varios factores, como la debilidad general del sistema judicial, la ausencia de servicios estatales de asistencia jurídica, la inaccesibilidad financiera, etc. Para que las personas en situación de vulnerabilidad, y en particular las mujeres y las niñas, tengan una posibilidad real de obtener justicia y reparación, deben tener acceso a servicios legales locales diversificados, adaptados y fortalecidos. Esto es lo que permiten nuestros socios de la sociedad civil al apoyarlos para que obtengan un acceso efectivo a la justicia en materia civil, administrativa y penal, pero también apoyándolos a través de un enfoque holístico que incluye servicios psicológicos o de salud.

Relevo generacional

Para hacer del derecho una verdadera herramienta que utilicen las personas en situación de vulnerabilidad y las víctimas de violaciones de derechos humanos para apropiarse de sus derechos y ejercerlos para cambiar su vida, es fundamental que puedan recurrir a mujeres abogadas no solo técnicamente competentes, sino también comprometidas con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. En este sentido, ASFC está implementando proyectos destinados a sacar a la luz a una nueva generación de defensoras de derechos humanos y desarrollar las capacidades de las jóvenes juristas para que, en su futura profesión, puedan promover los derechos humanos.

Capacitar al relevo generacional, ¿qué cambia eso?

En un contexto de inestabilidad política e instituciones frágiles, las abogadas que representan a las víctimas como partes civiles en casos de violaciones de derechos humanos pueden constituir, de hecho, verdaderos pilares del Estado de derecho, así como también murallas contra la injusticia y la impunidad. Su acción directa en los casos y con las diversas partes interesadas a menudo marca la diferencia. Es sobre la base de esta convicción que ASFC fortalece la capacidad de abogadas para que, en particular a través de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, no solo contribuyan a acelerar los procesos mediante importantes avances legales y judiciales, y por tanto a la modernización del derecho, sino también participar en el buen funcionamiento del sistema judicial, ultimo guardián del Estado de derecho.

¿Cómo se desarrolla el relevo generacional?

Para fomentar el surgimiento de esta nueva generación de defensora.s de los derechos humanos, ASFC apoya a los socios en la organización de programas para:

• formación profesional y acompañamiento adaptado a la realidad y necesidades de jóvenes abogadas, especialmente de las mujeres;
• pasantías para abogadas nacionales;
• becas;
• concursos de tribunales simulados;
• hermanamiento y tutoría;
• apoyo a la empleabilidad.

¿Y en Canadá, que pasa?

La formación de la próxima generación no se limita a apoyar a la próxima generación de defensoras de los derechos humanos en otras partes del mundo. Consiste también en desarrollar esta nueva generación en Canadá. ASFC constituye en este sentido un laboratorio al servicio de los derechos humanos, formando dentro de la comunidad jurídica canadiense un contingente de nuevas profesionales comprometidas con las personas en situación de vulnerabilidad.

Incidencia para los derechos humanos

Generalmente, la incidencia se define como un conjunto de acciones y actividades dirigidas a promover una opinión, una causa o la situación de un grupo de personas con el objetivo de influenciar y modificar positivamente las políticas públicas, así como la opinión pública. La lucha por la implementación de los derechos humanos y contra la impunidad y la corrupción requiere, por lo tanto, acciones de incidencia a favor de reformas legislativas, políticas e institucionales acordes con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, o contra normas, prácticas o medidas gubernamentales discriminatorias o en violación de estas normas.

¿Para qué sirve la incidencia?

Al canalizar la participación ciudadana, particularmente la de las mujeres, ya sea en el marco institucional o comunitario, la incidencia para los derechos humanos busca que las opiniones provenientes de los sectores más desfavorecidos de la población sean escuchadas y tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones.

Por lo tanto, las actividades de incidencia de alto nivel tienen como objetivo atajar la impunidad y la corrupción, las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la pobreza. Estos intercambios, por su potencial transformador, permiten abordar los prejuicios y las prácticas discriminatorias contra las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad, que lamentablemente siguen profundamente arraigados.

Y concretamente, ¿Qué resultados trae la incidencia?

Para desempeñar un rol de apalancamiento con las autoridades y alentarlas a que tomen las medidas necesarias para que se respeten los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, organizaciones de la sociedad civil que defienden estos últimos pueden desarrollar sus argumentos y presentarlos de manera efectiva al Estado y dentro de los foros regionales e internacionales apropiados utilizando herramientas desarrolladas para tal fin. La contribución distintiva de ASFC a la incidencia, por lo tanto, radica en su enfoque en la base jurídica y las normas que rigen el diálogo entre la sociedad civil y el Estado, entre organismos internacionales y Estados, de Estado a Estado, etc.

Los medios utilizados para implementar la incidencia son numerosos y van desde la elaboración de recomendaciones sobre proyectos de ley que serán presentados a las autoridades públicas, hasta la realización de análisis de jurisprudencia que equiparán a nuestros socios, a través de la elaboración de documentación jurídica que servirá de base para campañas de sensibilización de la sociedad civil.

Participar en organismos regionales

A veces, apoyar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ante los tribunales nacionales y apoyar a nuestros socios en sus esfuerzos de incidencia contra las leyes discriminatorias o las prácticas ilegales no es suficiente. A veces, las personas en situación de vulnerabilidad se encuentran sin recursos ni salida en su país. Entonces, a menudo es posible que busquen emprender una acción o ser escuchadas ante los órganos regionales o internacionales de protección de los derechos humanos.

¿Qué son exactamente los organismos regionales?

Los sistemas regionales para la protección de los derechos humanos, como el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema africano de derechos humanos y de los pueblos, fueron especialmente diseñados para brindar a las víctimas acceso a la justicia cuando su propio Estado no lo logra o no lo quiere.